Competencia exculpa a la Administración en el caso de los comedores escolares

Mesas preparadas en un comedor escolar.

El director de Investigación de la AVC inauguró ayer las ponencias en la comisión

Martes, 8 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h.

donostia - El director de Investigación de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Ignacio Alday, afirmó ayer que en el caso de los comedores escolares no encontraron ninguna irregularidad vinculada con la Ley de contratos del sector público ni prueba de “connivencia” entre la Administración y las empresas. Alday fue el primer compareciente en la comisión parlamentaria que investiga si hubo responsabilidades políticas del Gobierno Vasco en la contratación de las empresas para gestionar los comedores en los colegios públicos.

En 2016 la AVC impuso una sanción de 18 millones de euros a siete empresas por reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, periodo en el que al frente de Educación estuvieron consejeros de EA, PSE-EE y PNV.

Tras esa sanción la Fiscalía del País Vasco abrió diligencias de investigación, que finalmente fueron archivadas al no encontrarse indicios de delito en la actuación de estas empresas.

Algunas de estas firmas recurrieron la multa y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó en 2017 la sanción en un 60%, aunque entendió que hubo un pacto entre ellas que fue posible gracias a la falta de “reacción, indagación, consulta o prevención” del Gobierno Vasco. Ayer el director de Investigación de la AVC aseguró que habrían puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía si hubiesen encontrado alguna irregularidad penal y afirmó que no hallaron “ninguna actuación que no estuviese en concordancia con lo que dicta la Ley de contratos del sector público”.

no hay prueba Explicó que impusieron la sanción con base en los “indicios suficientes” que recabaron de la existencia de una “concertación” entre las empresas. “No nos ha hecho falta para esta resolución hacer una investigación”, reconoció Alday. “No tenemos ninguna prueba, ni correo electrónico alguno de que haya una connivencia entre la Administración y las empresas. Solo tenemos los resultados de las adjudicaciones y el resultado nos indica que el comportamiento de las empresas no es un comportamiento empresarial”, resumió.

También dejó claro que el precio que las familias pagaban por los menús estaba fijado de antemano por la Administración independientemente del valor de la licitación. Así, afirmó que aproximadamente el 35% de la prestación la abona el Gobierno Vasco y el 65% los alumnos. “La subida o bajada del precio de licitación incidía en el 35% que pagaba la Administración, nunca en el que pagaban los padres de los alumnos”, subrayó. Aseveró que cada vez la Administración pone más mecanismos de control pero reconoció que “a veces las empresas se los saltan”.

Alday avaló la publicidad que el Gobierno Vasco hace de estos concursos e indicó que le consta que se invitaba a todas las empresas homologadas para concurrir a participar en ellos. Reconoció que los cambios en el sistema de contratación del servicio de comedores que hizo el Ejecutivo autonómico en 2015 -entre otras medidas se ampliaron los lotes para facilitar la concurrencia de empresas- supuso cambios en la cuota de mercado de cada empresa, aunque hayan repetido algunas de las sancionadas.

La comisión visionó también ayer la grabación de la comparecencia parlamentaria del empresario Joaquín Arratibel, fallecido en 2015, que destapó las presuntas irregularidades en estas adjudicaciones. - Efe

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